El proyecto que inició su tramitación en la Comisión de Constitución busca que quienes ejerzan altos cargos públicos y privados sean promotores de la transparencia, tanto en el ejercicio de su función, como en los negocios que personalmente lleven adelante y que podrían significar algún conflicto de interés.
La norma busca agregar un inciso final al artículo 8º de la Constitución Política, para establecer que no podrán ejercer cargos las personas que mantengan, a través de sí o de terceros relacionados, inversiones en países señalados por el Servicio de Impuestos Internos como un paraíso fiscal.
Esto apunta a los cargos de Presidente de la República, Ministro de Estado, Subsecretario, Gobernador Regional, Senador, Diputado, Director de Empresas Públicas, oficial de las FFAA y de Orden y Seguridad Pública, director o administrador de sociedades u organismos que administren fondos de pensiones o de instituciones de salud previsional y de administrador o sostenedor de entidades de educación que reciban subvención o financiamiento fiscal.
